GINEBRA, Suiza.- El principal funcionario de Derechos Humanos de la ONU acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de romper tabúes al sugerir que se vuelva a recurrir a la tortura, y advirtió a las potencias mundiales en contra de minar las libertades civiles en su combate contra militantes.

Zeid Ra’ad al-Hussein también criticó a la primera ministra británica, Theresa May, por amenazar con cambiar leyes de derechos humanos si entorpecen operaciones de seguridad y afirmó que sus palabras alentarán a gobiernos autoritarios.

El Alto Comisario de Derechos Humanos de la ONU dijo ante una audiencia en Londres que los comentarios estridentes tras los ataques de militantes podrían minar los tratados de derechos internacionales.

“Si otros líderes empiezan a seguir el mismo curso retórico, minando con sus palabras (a la Convención de la ONU contra la Tortura), es probable que aumente la práctica de la tortura y eso sería fatal”, comentó.

Trump dijo a fines de enero que creía que la práctica de un método de tortura que simula el ahogamiento con agua (“submarino”) funciona como una herramienta para recoger información, pero también afirmó que entregaría la responsabilidad del asunto al secretario de Defensa, Jim Mattis, quien discrepa con el mandatario sobre la utilidad de la técnica.

Zeid afirmó que le preocupa el “persistente coqueteo” de Trump con una vuelta a la tortura como método para buscar información y agregó que no hay peligro inmediato de que Estados Unidos use la tortura, pero que eso podría cambiar si hubiera un ataque en suelo estadounidense.

“Teniendo en cuenta cómo el público estadounidense se ha vuelto más indulgente respecto a la tortura en los últimos 10 años, el equilibro podría inclinarse en favor de su práctica”, remarcó.

Tras los ataques en Londres y Manchester, Theresa May dijo al diario The Sun: “Si las leyes de derechos humanos impiden que hagamos estas cosas, cambiaremos esas leyes para asegurar que podamos hacerlas”. (Reuters).

> Discursos que habilitan la violencia policial  

Los discursos a favor de la tortura como método para obtener información de terroristas, por parte de gobiernos conservadores, como el de Donald Trump o Theresa May, desbordan los límites de sus propias naciones.

Habilitan prácticas que “bajan” a países como el nuestro, en forma de violencia institucional destinada al control social de clase y cuyas víctimas son, por ejemplo, quienes viven en barrios populares, asegura Matías Lorenzo Pisarello, coordinador de Seguridad y Derechos Humanos de la organización Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales.

La difusión de estos discursos tiene una íntima relación con lo que sucede en la Argentina y en Tucumán, particularmente, asegura.

“Lo que dicen gobernantes como Trump o May promueve un avance de gobiernos de derecha y empodera a las fuerzas de seguridad, que se sienten habilitadas por el Estado para llevar a cabo estas violaciones a los derechos humanos”, afirma Lorenzo Pisarello.

En Argentina, las denuncias de torturas en comisarías y en barrios populares se dispararon de manera astronómica a partir de fines de 2015 y comienzos de 2016, según datos relevados por la Campaña contra la Violencia Institucional y la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional).

“Hasta fines de 2015, había entre 6 y 7 denuncias por violencia institucional por mes. En la actualidad -indica el abogado-, se reciben entre 5 y 6 denuncias semanales”, que incluyen prácticas como el “submarino seco y la picana eléctrica para obtener información o para que se hagan cargo de algún delito”.

“La apelación a la tortura, además, muestra las limitaciones de nuestra policía para investigar delitos”, concluye Lorenzo Pisarello.